Uno de los cambios más relevantes es que la reforma incorpora de manera expresa a las adolescentes como sujetas prioritarias de protección, cerrando un vacío legal que impedía una atención específica para quienes tienen entre 12 y 17 años de edad.
Con el decreto, el Estado y los municipios estarán obligados a establecer mecanismos de coordinación, convenios y protocolos para prevenir, atender e investigar casos de acoso y hostigamiento sexual tanto en instituciones públicas como en el sector privado.
Aprueban diversas reformas y adiciones a la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, relacionadas con el “agresor sale de casa”.