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El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó por unanimidad, con 28 votos a favor, una reforma a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género para fortalecer la protección de las estudiantes que realizan servicio social o prácticas profesionales, quienes hasta ahora enfrentaban un vacío legal frente a casos de acoso, hostigamiento sexual y discriminación.
La modificación, impulsada por la diputada Irma Pineda Santiago y dictaminada por la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, reforma el artículo 14 y diversas fracciones del artículo 17 de la legislación estatal para reconocer expresamente que las agresiones cometidas por autoridades, personal administrativo o tutores en los centros donde las estudiantes desarrollan sus actividades también constituyen violencia en el ámbito escolar.
Con el decreto, el Estado y los municipios estarán obligados a establecer mecanismos de coordinación, convenios y protocolos para prevenir, atender e investigar casos de acoso y hostigamiento sexual tanto en instituciones públicas como en el sector privado. Además, se prohíbe la difusión de la identidad y datos personales de las víctimas para evitar su revictimización o presiones que las obliguen a abandonar sus estudios o prácticas profesionales.
La reforma también establece sanciones administrativas para los superiores jerárquicos que omitan recibir o dar trámite a las denuncias presentadas por las personas afectadas, fortaleciendo la responsabilidad institucional frente a estos casos.
Durante el análisis del dictamen, el Congreso destacó que la medida responde a una problemática documentada en Oaxaca. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Inegi, el 33.6 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha sufrido algún tipo de violencia en el ámbito escolar.
Con esta aprobación, el Poder Legislativo armoniza la legislación estatal con los principios de progresividad de los derechos humanos y con los compromisos internacionales asumidos por México mediante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, ampliando las garantías de protección para las estudiantes durante su formación profesional.
