La Jornada
México seguirá siendo un país injusto y desigual, que no ha cumplido con una democracia total mientras no llevemos justicia a los pueblos indígenas, aseguró el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al firmar un convenio de colaboración con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para llevar asistencia legal a las comunidades originarias de esa entidad.
El acuerdo, al cual nombraron “Por una justicia más cercana a las personas indígenas”, permitirá a trabajadores del Instituto Federal de la Defensoría Pública representar legalmente a los miembros de estos pueblos que enfrenten procesos judiciales por delitos del orden común.
Esto, explicaron, es necesario debido a que, por sus condiciones de discriminación y rezago económico, es uno de los sectores de la población más vulnerables.
“Se trata de acercar la justicia a las personas que nunca han tenido justicia, darles visibilidad a quienes siempre han sido invisibles, escuchar a quienes nunca han sido escuchados y escuchadas y generarles esperanza a quienes viven con desesperanza”, indicó.
Por su parte, el gobernador de Oaxaca apuntó que en su estado viven 2.6 millones de indígenas, de 16 grupos etnolingüísticos diferentes, además de 122 dialectos. Recordó que 434 de los 570 municipios de la entidad son indígenas, de los cuales 407 se rigen por usos y costumbres.
“Este convenio simboliza el fin de una deuda histórica con nuestros pueblos originarios. Ha llegado la hora de que se hable de justicia de nuestros grupos étnicos y la narrativa de México debe empezar a cambiar desde Oaxaca, para que la visión indígena magistralmente descrita por el genio de don Miguel León-Portilla no vuelva a entenderse jamás como la visión de los vencidos”, resaltó el mandatario.
En el encuentro se informó que el gobierno estatal donó al Poder Judicial Federal un terreno para la construcción del nuevo Centro de Justicia Penal Federal en la entidad.
