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El Gobierno de Oaxaca inició un proceso para garantizar el retorno seguro de 471 personas de la agencia Guadalupe Victoria, del municipio de San Juan Juquila Mixes, quienes fueron víctimas de un desplazamiento forzado por un conflicto agrario.
A causa de la violencia que generó la disputa de tierras entre San Juan Juquila Mixes y San Pedro Ocotepec, las personas debieron abandonar sus hogares para ponerse a salvo.
De acuerdo con el gobierno estatal, después de 8 años de este desplazamiento forzado, estas personas podrían retornar a la agencia municipal en el marco de un proceso informado, respetuoso, seguro y acompañado por instituciones.
En un comunicado, se indicó que el protocolo para el retorno es “un paso decisivo hacia la pacificación y la reconstrucción del tejido social en la región”.
El viernes, el Gobierno de Oaxaca implementó un operativo de seguridad que involucró a la Policía Estatal, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y C4.
El despliegue tuvo como propósito acompañar a un grupo representativo de 10 personas, integrantes de las familias desplazadas, quienes realizaron una visoria en Guadalupe Victoria para revisar y documentar las condiciones en las que se encuentran sus viviendas.
“La visoria es para verificar el estado de las casas de quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno. Vamos a estar con ustedes, de cerca y escuchándoles para concluir este proceso de la mejor manera”, dijo la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), Flor Estela Morales Hernández.
La visita contó con la participación de equipos encabezados por la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación de Delegados de Paz Social (Cdpaz), la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) y el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El titular de la Cdpaz, Donato Vargas Jiménez, indicó que como parte de este proceso integral, se efectúan trabajos para reactivar los servicios de salud y educación, por lo que el personal docente ya inició el proceso de inscripción de las niñas, niños y adolescentes que por más de 8 años no habían recibido educación.
“El proceso representa un hito en materia de derechos humanos y construcción de paz, en donde los protocolos se han realizado con la participación de víctimas, comunidades involucradas y sus autoridades. Este sería el primer retorno humanitario organizado por una administración estatal para garantizar la restitución de derechos y la reintegración de las personas”, señaló el gobierno estatal en el comunicado.
