Agencias
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este lunes que ha revocado más de 175,000 visados a extranjeros desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, en enero de 2025. La mayoría de las revocaciones se produjeron por incidentes con las fuerzas del orden, agresiones, robos o conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.
El Gobierno estadounidense subrayó que un visado para entrar en Estados Unidos “es un privilegio, no un derecho”, y advirtió de que utilizará “todos los recursos disponibles” para combatir a quienes considere que abusan de ese privilegio. En enero, momento en que se endureció la política de visados, el Departamento de Estado había cifrado en más de 100.000 el número de visas revocadas.
Por comisión de delitos, pero también por comentarios
Entre los ejemplos de extranjeros a los que se les han revocado sus visados, el Departamento de Estado citó casos de personas acusadas de agresión sexual, de posesión de material gráfico sobre abuso infantil o de alteración del orden público, así como de varios extranjeros que celebraron el asesinato el año pasado del activista conservador Charlie Kirk.
También trascendió que una embajada estadounidense en el norte de África canceló más de 100 visas de los llamados “turistas de parto”: personas que viajan a Estados Unidos para que sus hijos nazcan allí y adquieran automáticamente la ciudadanía estadounidense. Incluso esta ciudadanía por nacimiento quiere revisar Trump.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también ha revocado visados por motivos de política exterior, entre ellos un ciudadano cubano vinculado a una “operación de influencia” de La Habana o ciudadanos iraníes con vínculos con el régimen de los ayatolás.
Requisitos más estrictos
En los últimos meses, la administración ha deportado a un número sin precedentes de migrantes, incluidos titulares de visas válidas. También se han implementado requisitos más estrictos para la concesión de visados, como un escrutinio más exhaustivo de la actividad en redes sociales.
Las organizaciones de derechos humanos han criticado estas medidas, considerándolas una restricción a la libertad de expresión y una forma de vigilancia dirigida específicamente contra los inmigrantes.
