Uno de los cambios más relevantes es que la reforma incorpora de manera expresa a las adolescentes como sujetas prioritarias de protección, cerrando un vacío legal que impedía una atención específica para quienes tienen entre 12 y 17 años de edad.
Las entidades educativas del Gobierno Estatal compartieron avances en la atención de sus obligaciones jurídicas sobre igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.