Ruta 135 Noticias
El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, por mayoría calificada, la reforma constitucional que establece que quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.
La modificación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que las personas mexicanas por nacimiento que también posean otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas a alguno de estos cargos. La restricción también comprende el uso de pasaporte o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos ante ese país y acogerse a su protección diplomática.
Durante la discusión, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma bajo el argumento de fortalecer la soberanía nacional y evitar posibles conflictos de lealtad en quienes ocupen cargos de alta responsabilidad. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que la modificación “no está hecha en contra de nadie” y sostuvo que tener una segunda nacionalidad no pone en duda la identidad, el patriotismo o el compromiso de los mexicanos.
Saúl Monreal Ávila señaló que la medida busca establecer requisitos específicos para quienes ejerzan responsabilidades de alto nivel en el Estado mexicano, mientras que la senadora del Partido Verde Rocío Corona Nakamura defendió que quienes aspiren a gobernar deben asumir plenamente su compromiso con México.
La reforma, sin embargo, abrió un fuerte debate con legisladores de oposición, quienes cuestionaron que la doble nacionalidad pueda ser utilizada como criterio para limitar el acceso a estos cargos. El coordinador del PRI, Alejandro Moreno, anunció el voto en contra de su bancada y afirmó que “tener otra nacionalidad no convierte a nadie en enemigo de la patria”.
Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas advirtió que obligar a renunciar a una nacionalidad extranjera podría hacer depender el registro de una candidatura de procedimientos administrativos ante otro país, cuyos tiempos y requisitos no están bajo control de las autoridades mexicanas.
La senadora panista Laura Esquivel cuestionó, por su parte, el impacto que la reforma podría tener sobre mexicanos residentes en el extranjero y sostuvo que los migrantes no deben ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. En la misma línea, la priista Claudia Anaya acusó al oficialismo de restringir derechos políticos mediante modificaciones constitucionales.
Con la aprobación del Senado, la reforma avanza en el proceso constitucional para modificar los requisitos de elegibilidad a tres de los cargos ejecutivos de mayor relevancia política del país.
