El defensor Bernardo Rodríguez Alamilla precisó que estas medidas son parte de las acciones implementadas por los pueblos y comunidades indígenas para evitar la propagación del covid-19.
Por ello, han establecido acercamientos con los 570 municipios, de los cuales 417 son de sistemas normativos o indígenas, cuyo impacto en el posible cierre de sus límites podría generar conflictos, principalmente en el tema de atención médica, entre ellos Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino y San Jacinto Amilpas.
Consideró que si bien es cierto que los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas tienen la facultad internacional reconocida para poder tomar sus propias decisiones respecto de la vida interna de sus municipios, éstas también deben ser respetuosas de los derechos humanos.
Explicó que dichas determinaciones pueden ser contraproducentes a los propios fines que persiguen, por ejemplo, al cerrar las entradas y salidas de los municipios, buscando con ello limitar los posibles contagios, se puede poner en riesgo el derecho a la alimentación y el libre tránsito para personas de otras comunidades.
Incluso, advirtió, el derecho a la salud podría ponerse en riesgo, al limitar la entrada y salida de mercancías, como medicamentos o insumos de los sitios médicos, mientras que al limitar el tránsito o impedir el paso podría complicarse la movilidad de personas que requieran atención médica por otros motivos o incluso por la pandemia, evitando así que tengan acceso a atención expedita.
Precisó que desde el inicio de la jornada de sana distancia (23 de mayo) y hasta el momento –lo que se ha denominado “nueva normalidad”–, la Defensoría ha registrado un total de 35 quejas relacionadas con abusos de autoridades municipales, entre ellas algunas con medidas restrictivas.
Citó como ejemplo la detención de ciudadanos por no portar cubrebocas en las comunidades de San Juan Bautista Cuicatlán y Santiago Matatlán.
O en el caso de Tlaxiaco, donde las quejas de la ciudadanía fueron los cobros de pagos de multa excesivos por parte de la autoridad, así como detenciones arbitrarias de personas por no portar cubrebocas.
De igual forma, integró quejas de ciudadanos de Santa Catarina Juquila a quienes no se les permitió salir de la comunidad para realizar sus labores como comerciantes, e investigó las quejas de personas de Mesones Hidalgo que salieron de la comunidad a trabajar, pero en el filtro sanitario de la comunidad ya no les permitieron el acceso de regreso.
Asimismo, la Defensoría intervino en el proceso de diálogo entre las autoridades de San Ildefonso Villa Alta y el personal médico que afirmaba estar retenido en la comunidad, mientras que realizó intervenciones en las comunidades de Santa María Quiegolani, porque detuvieron a una ciudadana que venía de viaje, e inició otra queja porque la autoridad municipal prohibió la entrada y salida de las personas que habitan la comunidad.
De igual manera, investiga las quejas de ciudadanos de Santo Domingo Tonalá por diversos abusos de autoridad cometidos en los filtros sanitarios, e investiga una queja en contra de la autoridad municipal de San Pedro Pochutla por la detención de una ciudadana en el filtro sanitario.
Aunado a ello, el pasado 20 de marzo el ombudsman Bernardo Rodríguez Alamilla emitió una “alerta temprana” al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para que implemente acciones inmediatas en las zonas rurales por la pandemia de covid-19, ante la alta vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afromexicano que históricamente han sido marginados.
Asimismo, hizo hincapié en que los Servicios de Salud de Oaxaca deben prepararse con medicamentos, material y recursos humanos en unidades hospitalarias y centros de salud que atienden a población indígena y afromexicana, para brindar atención oportuna o remitir los casos de covid-19 que reciban.