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La muerte de otro ciudadano mexicano en un centro de detención migratoria de Texas elevó a 18 el número de connacionales fallecidos bajo custodia o durante operativos de las autoridades migratorias de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump regresó a la presidencia. El nuevo caso provocó una exigencia del Gobierno de México para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar posibles responsabilidades.
La víctima fue identificada como Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, quien permanecía detenido en el Centro de Procesamiento Río Grande, ubicado en Laredo, Texas, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses, el mexicano fue encontrado inconsciente en su celda durante una revisión de seguridad realizada el sábado 17 de octubre. Aunque personal del centro intentó reanimarlo, perdió la vida.
Familiares de Andrade Covarrubias señalaron que padecía diabetes e hipertensión y expresaron preocupación por el suministro de sus medicamentos durante su permanencia en el centro migratorio. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la causa del fallecimiento.
Ante estos hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que presentará una denuncia ante el fiscal del condado de Webb y exigirá a las autoridades estadounidenses una investigación exhaustiva y transparente. Asimismo, el Consulado General de México en Laredo activó los protocolos de protección y estableció comunicación con los familiares de la víctima para brindarles asistencia.
La Cancillería también solicitará que se garantice el acceso de funcionarios consulares mexicanos a los centros de detención, particularmente para supervisar las condiciones de internamiento y exigir atención médica adecuada para los connacionales.
Los 18 fallecimientos registrados desde el inicio del segundo mandato de Trump han incrementado la preocupación del Gobierno mexicano por el trato que reciben sus ciudadanos durante los operativos y procedimientos de detención migratoria.
México ha recurrido a mecanismos diplomáticos y legales para exigir respuestas, mientras persisten los cuestionamientos sobre la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos.
