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Mariana Erandi Nassar Piñeyro, exsecretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, fue sancionada con una inhabilitación por 20 años para desempeñar cargos el servicio público y el pago de 26 millones 707 mil 87.45 pesos.
Junto a la exfuncionaria de Alejandro Murat Hinojosa también fueron sancionados dos exservidores públicos más: Elías Homero Camacho Núñez, exdirector Administrativo de esa dependencia, y Gerardo Guzmán Uvence, quien fungía como asesor.
Camacho Núñez fue inhabilitado por 15 años y sancionado con el pago de 21 millones 365 mil 669.96 pesos. Guzmán Uvence fue inhabilitado por 10 años y recibió la sanción económica de 5 millones 341 mil 417.49 pesos.
La Sala Unitaria Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca dictó sentencia condenatoria por la falta administrativa grave de abuso de funciones relacionada con la contratación de la empresa CIFO Technologies S.A. de C.V. para el sistema de transporte Citybus.
El expediente 08/2024 fue instruido por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Poder Ejecutivo estatal, a partir de una queja presentada en junio de 2023 por el propio Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad.
La magistrada Amparo Arias Rivas determinó que los tres funcionarios ejercieron atribuciones que no tenían legalmente conferidas al suscribir el 29 de septiembre de 2020 el contrato SEMOVI/DA/LPN-001/CITYBUS/2020, relativo a la adquisición e instalación de equipos para el Sistema de Recaudo del Sistema Integrado de Transporte Citybus en la zona metropolitana de Oaxaca.
La resolución establece que la facultad contractual correspondía al propio organismo descentralizado —el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca—, creado mediante decreto el 7 de julio de 2020, y no a la Secretaría de Movilidad.
El contrato con CIFO Technologies S.A. de C.V. para la implementación del sistema de cobro para transporte ascendió a 106 millones 828 mil 394 pesos.
Esta resolución puede ser recurrida en la sala superior del TJACCO y ante los órganos jurisdiccionales federales.
