Agencias
Ciudad de México.- En los últimos 12 años se duplicaron los feminicidios en el país, ya que mientras en 2009 se registraron mil 858 defunciones de mujeres con presunción de homicidio, es decir, 5 asesinatos al día, en el 2021 fueron 3 mil 750, un promedio de 10 al día, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aseveró el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Al conmemorar su 15 aniversario, precisó que de las 3 mil 750 mujeres asesinadas el año pasado, sólo mil 4 casos se investigaron como feminicidio. El OCNF pidió a las autoridades federales y estatales que cada entidad cuente con un tipo penal homologado, con razones de género objetivas que permitan su acreditación, así como un protocolo que garantice que toda muerte violenta de una mujer se investigue de manera científica y debida diligencia.
En el Hemiciclo a Juárez, donde activistas y madres de víctimas de feminicidio colocaron una ofrenda tradicional, María de la Luz Estrada, coordinadora del observatorio, destacó que la violencia feminicida “anida en todo el país” y los asesinatos de mujeres por razones de género “siguen siendo un pendiente para el Estado mexicano. El incremento en el delito y la brutalidad de los casos nos refleja cómo la omisión de las autoridades derivó en el crecimiento del problema”.
México, dijo, fue uno de los primeros países en tipificar el delito de feminicidio, pero “a pesar de todo el esfuerzo y trabajo de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil, hoy las mujeres seguimos enfrentando una violencia estructural, que se ve reflejada en las formas, saña y brutalidad con la que son asesinadas las mujeres y niñas; en la violencia sexual, la desaparición, los ataques con ácido, entre otras violencias”.
Ante ello, igualmente exigió que los estados cuenten con Fiscalías especializadas, con personal capacitado y sensible con las víctimas, que tengan equipos periciales en materia de medicina forense, criminalística y disciplinas sociales; además que ministerios públicos realicen planes metodológicos de investigación con perspectiva de género y, en los casos ocurridos en contextos de criminalidad organizada, incorporen en sus investigaciones líneas de indagación identificadas por las Unidades de Análisis y Contexto, que permita la sanción oportuna de agresores y eviten que éstos vuelvan a delinquir, como lo han hecho los denominados “feminicidas seriales” bajo el cobijo de la impunidad.
