Los jóvenes, de entre 18 y 20 años, formaban parte de un grupo de 250 estudiantes normalistas que realizaban un bloqueo en la caseta de peaje cuando fueron dispersados por las autoridades con gases lacrimógenos y trasladados a los separos de la Fiscalía del Estado.
En menos de 48 horas, saltándose el plazo que marca la ley, los normalistas han sido llevados a la prisión federal del Amate y ahí esperan audiencia con el juez.
Sus familias denuncian una total opacidad en el traslado de sus hijos y algunas jóvenes detenidas denuncian abuso sexual por parte de los agentes federales que las han detenido y se quejan de haber pasado la noche en una celda hacinadas sin poder moverse.
“Aparte del maltrato psicológico, fueron golpeadas durante la detención e intimidadas con comentarios sexuales”, cuenta el vocero de la escuela. “Llegaron unos 400 policías y empezaron a lanzar gases lacrimógenos”, relata. “En el momento en que íbamos a regresar, las compañeras se subieron al camión y fue cuando comenzó el desalojo de la policía, no pudieron bajar y fue fácil detenerlas”, relata el representante.
Mientras tanto, ni la Fiscalía del Estado ni el gobernador Rutilio Escandón, del partido Morena, han dado a conocer una lista con los nombres de las personas arrestadas, por lo que muchos compañeros y familiares de los jóvenes que participaban en la protesta dan como desaparecidos a varios que aún no han vuelto a casa. Entre ellos hay dos menores de edad de la comunidad de Chenalhó que participaban en la manifestación.
“Están retenidos porque no hay listas oficiales de detenidos, no hay cargos que se les imputen, no hay rueda de prensa oficial de la Fiscalía”, reclama uno de los compañeros de los normalistas que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias.
“Hubo acuerdo de palabra con los padres y la Fiscalía del Distrito Centro y Metropolitano para que pudieran pasar a ver a sus hijos para darles ropa y comida, pero solo algunos padres pudieron entrar”, señala el vocero.
Los normalistas reclamaban hacer el examen de ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 de manera presencial y no a través de internet, como se había hecho durante la pandemia.
Las normales rurales son el lugar donde se forma la mayoría de maestros que trabajan en las escuelas más desfavorecidas del país y el confinamiento ha sacado a la luz, aún más, la brecha digital que vive México, alcanzando a maestros y alumnos por igual.
Más de 13 millones de niños en el país han abandonado la escuela por falta de conexión y muchos de sus maestros tampoco han podido continuar dando clase desde casa.
Chiapas, Oaxaca y Guerrero son algunos de los Estados más afectados. Los normalistas de Mactumactzá se quejan de no tener acceso a Internet para hacer los trámites que el Estado les exige.
Para muchos, acceder a una escuela así les asegura además de formación, techo y comida. Algo que sus familias dedicadas al campo en su mayoría, no podrían costear.
“El año pasado el examen de ingreso se hizo virtual y presentó muchos problemas e irregularidades, entonces, este año exigimos que la presentación fuera por escrito”, dice un vocero de la normal rural. El año pasado solo un 20% de los aspirantes que se postularon para entrar en Mactumactzá consiguió entrar.
La Fiscalía estatal ha abierto una carpeta de investigación por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia y ataques a las vías de comunicación.
Las autoridades dicen que en el operativo decomisaron a los manifestantes 1.464 cohetones y 280 cócteles molotov. La detención de los jóvenes ha generado múltiples protestas en normales rurales de otros Estados y en varias ciudades de Chiapas que han acabado con destrozos.
Los normalistas exigen la puesta inmediata en libertad de sus compañeros.
La sombra de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en 2014, cuando se dirigían a una manifestación, planea en el recuerdo de todos aquellos que se han movilizado para pedir la liberación de los jóvenes de Mactumactzá.
EL PAÍS