A través de un comunicado, el Congreso detalló que la reforma fue llevada a cabo al adicionar los artículos 412-A y 412-B al capítulo III del Título Vigésimo segundo, denominado “Delitos Contra el Derecho a una Vida Libre de Violencia” del código penal de la entidad.
Se especificó que si los ataques infieren una alteración en la salud o cualquier otro daño que deje una huella material en el cuerpo de la víctima, la pena irá de 20 a 30 años de prisión, además de una multa de 200 a 500 UMAS.
También se especificó que en caso de existir una relación de parentesco por consanguineidad, afinidad civil, matrimonio, concubinato, noviazgo, relación laboral o docente entre la víctima y el atacante, la pena podría llegar hasta los 40 años de prisión.
En la entidad ya ocurrió un ataque, el de la joven saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en septiembre del año pasado, y cuyo presunto agresor, identificado como Juan Vera Carrizal, continúa prófugo de la justicia.
Los ataques con ácido en México no están considerados como un delito en el Código Penal Federal.
En la Ciudad de México, apenas en enero de 2020 se modificó la legislación para que los ataques con sustancias corrosivas tengan penas que van de los 9 a 12 años de prisión.