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Una jueza federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas, tras ser imputados por su presunta participación en una red de contrabando de más de 15 millones de litros de combustible, cuyo impacto económico para la hacienda pública supera los 4 mil millones de pesos.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó más de un centenar de datos de prueba relacionados con aseguramientos de hidrocarburos y operaciones financieras presuntamente vinculadas con la empresa Ingemar, fundada por el exmandatario.
Los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional para aportar pruebas en su defensa, por lo que será el próximo viernes cuando la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determine si son vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Tras la audiencia, Ernesto Ruffo fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, junto con otros cuatro imputados. Dos de los acusados permanecerán en prisión preventiva domiciliaria por motivos de salud, mientras que una de las imputadas fue ingresada al Centro de Readaptación Social de Nezahualcóyotl.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación permitió identificar la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta ahora en el país.
La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, informó que la organización operaba mediante empresas que declaraban cantidades menores de combustible o productos distintos a los realmente importados desde refinerías de Texas, Estados Unidos, para evadir controles aduaneros y distribuir ilegalmente el hidrocarburo en diversas entidades del norte de México.
La FGR sostiene que la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo habría sido accionista mayoritario, está relacionada con aseguramientos de más de 23 millones de litros de combustible realizados entre 2025 y 2026 en Baja California y Coahuila. No obstante, el exgobernador ha rechazado las acusaciones y ha sostenido públicamente que su empresa únicamente prestaba servicios de logística e importación, limitándose al cumplimiento de trámites aduanales.
