El País
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al expresidente de México Enrique Peña Nieto por obtener más de 26 millones de pesos, un poco más de un millón de dólares, de un esquema de transferencias irregulares desde el extranjero. Así lo ha informado este jueves Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ha seguido el rastro del dinero y ha entregado la información a la Fiscalía. Gómez ha asegurado que el exmandatario recibió los depósitos en una cuenta en España entre 2019 y 2021, después de dejar el poder, a través de un familiar consanguíneo. También ha dicho que Peña Nieto, afincado actualmente en territorio español, está vinculado a dos empresas con irregularidades fiscales.
“Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”, ha respondido Peña Nieto en una publicación en sus redes sociales. El expresidente ha dicho que confía en la imparcialidad de la FGR y del sistema legal, y que presentará las aclaraciones en los plazos que lo requiera la ley. “Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de justicia”, ha agregado.
“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, ha señalado Gómez en conferencia de prensa. Siempre de acuerdo con la denuncia de la UIF, el brazo de la Secretaría de Hacienda contra el blanqueo de capitales, el dinero entraba a una cuenta de su familiar en México y después era depositado en otra cuenta a nombre de Peña Nieto. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su sucesor, ha puesto en la mira tres transferencias. Uno de los depósitos se hizo el 21 de agosto de 2019 por poco más de 16 millones de pesos. El 20 de octubre de 2021 hubo otro por cinco millones de pesos. Nueve días después se realizó una transferencia más por otros cinco millones de pesos.
“Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, ha agregado Gómez, que llegó a la UIF en noviembre pasado en sustitución de Santiago Nieto. El familiar de Peña Nieto, cuyo nombre no se ha revelado, hizo retiros por más de 189,8 millones de pesos y depósitos por más de 47,5 millones de pesos entre 2013 y 2022, un periodo que abarca desde la presidencia del político del Partido Revolucionario Institucional (2012-2018) hasta la actualidad. Más de 36 millones de pesos fueron dispuestos en efectivo.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de transacciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, ha explicado el funcionario. EL PAÍS publicó en mayo pasado que Peña Nieto obtuvo en 2020 un visado dorado en España, una fórmula que facilita los papeles migratorios a los grandes inversores.
“El expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas”, ha declarado Gómez, que omitió las razones sociales de las compañías y solo se refirió a ellas como las empresas A y B. El titular dijo que ambas entidades cuentan con “irregularidades fiscales y financieras”. Peña Nieto y sus familiares son accionistas de la empresa A, que “realiza operaciones por montos elevados”.
“Se trata de una empresa familiar, existente desde que este expresidente fuera presidente”, ha apuntado Gómez. De esa firma salieron más de 35 millones de pesos a la cuenta de un familiar del exmandatario, que a su vez regresó en otra transferencia 22 millones, citó el titular de la UIF como ejemplo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante un conferencia de prensa en Ciudad de México, el 7 de julio de 2022.
La empresa B también es una compañía familiar y se creó antes de que iniciara su mandato. De esta firma, Gómez ha dicho que tiene una “relación simbiótica” con una corporación trasnacional, “que se benefició de contratos del Gobierno federal durante su Administración”.
Esta empresa también fue identificada como proveedora del Gobierno durante la presidencia de Peña Nieto, con contratos por más de 10.500 millones de pesos durante su sexenio, de acuerdo con las pesquisas. En 2013 obtuvo contratos por más de 714 millones de pesos y un año después, por más de 1.000 millones. En 2015, esa cantidad se quintuplicó: obtuvo contratos por más de 5.000 millones de pesos.
En 2016 volvió a bajar el monto a 900 millones de pesos y se mantuvo en 2017 con 991 millones. En 2018, el último año de su mandato, obtuvo contratos por 1.200 millones de pesos.
Parte del dinero de la empresa B se movió entre 2015 y 2021 en transferencias a Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. Esta segunda empresa tiene una cuenta conjunta con una filial de la corporación trasnacional en un país de la Unión Europea, que también canalizó recursos a Irlanda.
La Justicia mexicana ha estrechado el cerco sobre el expresidente Peña Nieto en los últimos años. El director de Petróleos Mexicanos durante su Gobierno, Emilio Lozoya, fue el principal funcionario mexicano señalado por la trama de Odebrecht y fue nombrado testigo colaborador de la Fiscalía bajo la promesa de entregar evidencias que incriminaran a la cúpula de la anterior Administración.
La colaboración, sin embargo, no ha rendido los frutos que se esperaban y la FGR ha cambiado el tono desde finales del año pasado y Lozoya ha regresado a ser en uno de los principales blancos judiciales.
Este jueves, EL PAÍS publica que el abogado del exmandatario, Juan Collado, compró una vivienda en la zona más exclusiva de Madrid mientras era investigado por blanqueo de capitales. Collado está en la cárcel, desde que fue detenido a mediados de 2019. Estos, sin embargo, son los señalamientos más explícitos que ha habido contra Peña Nieto de parte de funcionarios de la Administración de López Obrador.
La UIF se encarga de reunir evidencias y presentar denuncias ante la FGR, la institución encargada de realizar las investigaciones. El propio Gómez ha confirmado que ya se han iniciado las pesquisas y que el ente a cargo de Alejandro Gertz Manero ya tiene toda la información recopilada por la Secretaría de Hacienda. “La UIF aportará todo lo que requiera la Fiscalía”, ha anotado. En su momento, Nieto y Gertz tuvieron varios roces, principalmente debido al estancamiento de las denuncias. Gómez ha dicho, en cambio, que la relación entre ambas instituciones es “cordial”.
La Fiscalía será la encargada de ampliar la información y de detallar cuáles son los delitos por los que se investiga a Peña Nieto. López Obrador ha optado por la cautela y ha dicho que no habrá “juicios sumarios”. El presidente ha comentado que antes de acusar a su predecesor de lavado, se debe tener claridad sobre el origen del dinero. “No vamos a fabricar delitos a nadie”, ha dicho el mandatario. “No vamos a perseguir a nadie”, ha insistido.
