Dr. Alexandro Guevara
Hay decisiones que se toman en el presente y condenan el futuro.
El deterioro del río Atoyac, en Oaxaca, es una de esas historias en las que la contaminación no puede entenderse únicamente como un problema ambiental, sino también como consecuencia de décadas de decisiones públicas, omisiones institucionales y una preocupante falta de responsabilidad sobre nuestros recursos naturales.
Durante generaciones, los ríos fueron parte de la vida de las comunidades: fuentes de agua, espacios de convivencia y elementos fundamentales del territorio. Sin embargo, el crecimiento urbano, las descargas de aguas residuales (a quién se le ocurrió descargar en la vena llena de agua limpia), el manejo deficiente de los residuos y la falta de infraestructura suficiente de saneamiento transformaron al Atoyac.
Lo que debió protegerse como patrimonio natural terminó convertido en un problema que las autoridades ya no podían seguir ignorando.
La historia de este deterioro también es la historia de un modelo de desarrollo que con frecuencia privilegió resolver las necesidades inmediatas de las ciudades sin asumir plenamente sus consecuencias ambientales.
Cada obra sin planeación suficiente, cada descarga sin tratamiento y cada administración que pospuso soluciones contribuyeron a profundizar una deuda con la naturaleza y con la sociedad.
Por eso resulta relevante la Recomendación 57/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que documentó violaciones a los derechos al saneamiento del agua y a un medio ambiente sano en comunidades de Oaxaca, derivadas de deficiencias en la gestión de residuos y de descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado.
La recomendación señaló omisiones atribuibles a autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Que la justicia ambiental llegue tarde no significa que haya perdido su importancia. Significa que durante demasiado tiempo hubo comunidades obligadas a convivir con las consecuencias de decisiones que no tomaron. Pero esa justicia tampoco puede reducirse a documentos, pronunciamientos o compromisos que se archivan cuando cambia la administración.
Tomar en serio esta deuda exige acciones verificables: saneamiento efectivo, tratamiento de aguas residuales, vigilancia de las descargas, coordinación entre autoridades, transparencia presupuestaria y reparación de los daños cuando corresponda.
También exige reconocer que el agua limpia no es un favor gubernamental, sino un derecho humano.
El río Atoyac nos recuerda que las decisiones públicas deben evaluarse no solamente por lo que construyen, sino también por aquello que destruyen, por las consecuencias que dejan y por las generaciones que tendrán que enfrentarlas.
La justicia ambiental será real cuando deje de ser una respuesta tardía al daño y se convierta en una obligación permanente de prevenirlo, repararlo y no repetirlo. Porque ningún río debería necesitar décadas de abandono para que las instituciones reconozcan su responsabilidad.
