Agencias
Washington.— Estados Unidos anunció sanciones contra un consorcio hotelero mexicano situado en Puerto Vallarta por una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida se aplica contra Kovay Gardens, “un resort mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas mexicanas y a 17 empresas mexicanas asociadas con la red”, explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado, en el que detalló que Kovay se ubica al noroeste de Puerto Vallarta, en La Cruz de Huanacaxtle, en la Riviera Nayarit.
“Muchas de estas personas y entidades tienen su base en o cerca de Puerto Vallarta, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG”, añadió el texto.
EEUU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense menciona como uno de los sancionados al fundador de Kovay Gardens, Carlos Humberto Rivera Miramontes, que creó el resort hace 20 años con un nombre diferente.
“Kovay Gardens utiliza tácticas deshonestas, como llamadas automáticas para atraer a posibles compradores a presentaciones, donde utiliza prácticas de venta engañosas para seducirlos”, indica el comunicado.
También fue sancionada Administradora y Comercializadora del Mar, que, según la OFAC, provee servicios a Kovay Gardens, incluyendo el procesamiento de las reservaciones del hotel.
Además de Rivera Miramontes, los sancionados son: Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias Tagayas; José Luis Gutiérrez Ochoa, alias Tolín (con conexiones familiares cercanas con Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG); Jonathan Faustino Ríos González, alias Johnny Hood y José Eduardo Palacios Rodríguez. En el caso de estos dos últimos, se les señala de operar salas de venta agresiva dedicadas al fraude de tiempo compartido para el CJNG.
La OFAC anunció asimismo sanciones contra la red empresarial Rivera Miramontes, compuesta por 13 compañías. Se trata de Punto 54, S.A. de C.V.; High Land Park, S.A. de C.V., que operan en el sector turístico; Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.; Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V., y VG Desarrollos de La Bahía, S.A. de C.V., que se dedican a actividades inmobiliarias; Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V.; Deep Blue Servicios, S.A. de C.V.; Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V., y Reef Administracion Avanzada, S. de R.L. de C.V., que están en el sector de los servicios financieros; Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V., que es una empresa de servicios empresariales; Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V., que es una sociedad de cartera, y la empresa de combustibles Solugas Soluciones en Gasolineras.
Según el Departamento del Tesoro, numerosos estadounidenses, principalmente jubilados, fueron estafados por este consorcio hotelero que ofrecía vacaciones de tiempo compartido, pero que eran empresas pantalla del cártel.
“Durante décadas, los cárteles basados en México han tomado como objetivo a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos mediante centros de llamadas en México atendidos por televendedores que dominan el inglés”, explica el comunicado, que detalla que el CJNG empezó a adueñarse de esos programas de televenta hacia 2012 en Puerto Vallarta.
El documento detalla que, de acuerdo con el FBI, unas 6 mil víctimas estadounidenses denunciaron haber perdido casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 a causa de estafas relacionadas con el tiempo compartido en México.
Las sanciones implican el bloqueo de cualquier activo bancario de esas empresas o individuos en Estados Unidos, así como la prohibición de cualquier transacción.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, complementariamente a las acciones del Tesoro, se incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una moral.
La UIF los acusa de formar parte del “núcleo operativo” de este fraude relacionado supuestamente con el CJNG.
“La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos”, señaló la UIF.
