SAN SALVADOR (AP) — La policía salvadoreña arrestó el martes a por lo menos 40 jóvenes estudiantes de tres institutos públicos de la capital, acusados de estar organizando una nueva pandilla, informó la Fiscalía General de la República.
La fiscalía, “en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ha ejecutado operativo para desmantelar nueva pandilla en formación”, reportó la agencia en su cuenta oficial de la red social X.
Las órdenes de captura se ejecutaron en el instituto General Francisco Menéndez, conocido como el INFRAMEN, en el Instituto Nacional Albert Camus, y en el Instituto Nacional Técnico Industrial, “donde estos sujetos organizaban actos delictivos y pretendían reclutar más estudiantes”.
El reporte agrega que “hasta el momento se han ejecutado 40 órdenes de detención”.
Según la fiscalía, los jóvenes aprehendidos amedrentaban a otros estudiantes. Además, afirman que cuentan con testimonios sobre “agresiones sexuales, consumo de drogas y agresiones físicas, a los compañeros de clases y de otras instituciones”.
Añadió que, para fortalecer las investigaciones, se realizaron registros en las viviendas de los detenidos, quiénes serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos.
En el 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a las pandillas, incluyendo la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18, como grupos terroristas.
Después que el 22 de marzo de 2022 Congreso aprobará el régimen de excepción y de que el gobierno comenzara a perseguir a las pandillas, el Congreso aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito el formar parte de pandillas, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
También reformó la Ley Penal Juvenil para establecer que cuando los delitos hayan sido cometidos por pandilleros, el máximo podrá ser de hasta 20 años de prisión para los menores con 16 años cumplidos y hasta 10 años de prisión cuando un menor ya haya cumplido 12 años.
El estado de excepción suspende derechos fundamentales, como el de asociación o el de tener acceso a un abogado cuando se es detenido, como parte de la política de mano dura del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.
Durante la vigencia del régimen de excepción, las autoridades han detenido más de 86.400 personas por cargos de pertenencia o asociación a pandillas.
Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que el 90% de los detenidos se encuentran en prisión a la espera de un juicio, y que más de 8.000 han tenido que ser liberados por falta de pruebas. En tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados.
