“Cifras que difícilmente pueden considerarse como oficiales cuando se sabe que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año”, puntualizó en un comunicado.
El organismo manifestó su preocupación por esa realidad que enfrentan los niños en la entidad, y demandó al gobierno estatal, la sociedad civil, autoridades educativas, familias y comunidades, la consolidación de sistemas locales de protección a nivel municipal y la elaboración de Programas Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
“La cara de la violencia contra la niñez también adquiere otras dimensiones cuando se aborda por género, pues son niñas y adolescentes quienes se han convertido en víctimas potenciales de la violencia feminicida que ya resulta inaceptable en este país”, subrayó.
Tan sólo en la entidad, según el subregistro que realiza Consorcio Oaxaca, de las mil 967 agresiones a mujeres, 558 casos corresponden a niñas y adolescentes, quienes comienzan a ser víctimas de agresiones desde antes del año de edad (hay 10 casos registrados en la plataforma de violencia feminicida).
Los datos resultan alarmantes si se observa que del total de mujeres desaparecidas en Oaxaca –766 casos del 1 de diciembre de 2016 a la fecha–, 433 son niñas y adolescentes, es decir, más del 87% de estas víctimas se ubican en el rango de los 11 a los 17 años de edad, y en cinco regiones se concentra más del 70% de los casos: Valles Centrales (247), Istmo (53), Mixteca (37), Papaloapan (34) y Costa (30).
Consorcio Oaxaca exige que se habiliten sistemas de información a nivel nacional, para contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos.
De igual manera, incluir la participación de las niñas, niños y adolescentes, así como de la sociedad civil, en la conformación de los Sistemas de Protección, además del fortalecimiento de los procesos de profesionalización de sus servidoras y servidores públicos.
Tema pendiente para el estado
También crear liderazgos masculinos desde la infancia y la adolescencia que se opongan abiertamente a la violencia y la discriminación, explorando una nueva forma de masculinidad que fomente relaciones sociales y políticas capaces de atajar estas formas de violencia contra las niñas y mujeres.
Y proveer educación sexual a las infancias en todos los niveles educativos del país, para que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos como una herramienta indispensable para prevenir la violencia aprendiendo a conocerse y cuidarse desde edades tempranas.
Consorcio Oaxaca precisó que las niñas, niños y adolescentes representan la tercera parte de la población nacional. Sin embargo, desde 1924, año en que se estableció en México la Celebración del Día del Niño, la infancia en este país aún no goza plenamente del acceso y ejercicio de sus derechos, pues sigue siendo un tema pendiente para el Estado, las familias y la comunidad.
“El panorama es peor cuando se habla de menores de edad indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cercanos al 80% a nivel nacional. Si a esto sumamos que una gran parte de la niñez mexicana vive en contextos de vida en alto riesgo, tanto al interior de sus familias y en las instituciones, podría entenderse por qué son víctimas potenciales de la violencia y negligencia de las autoridades y de la sociedad”.
Aunado a esta situación se encuentra la falta de empatía de parte de quienes escuchan, leen, reportan o reconocen algún tipo de violación a los derechos humanos de la infancia en entornos cotidianos, urbanos o comunitarios, ya que difícilmente se actúa para detener las agresiones a infantes por considerarse algo “normal” que los familiares, maestros y autoridades, utilicen golpes, insultos, abusos e incluso ejerzan sobre ellas y ellos violencia sexual, pues se les sigue considerando como “objetos de protección” y no como personas participantes y tomadoras de decisiones sobre su propia vida.
De ahí que los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 muestran que en 22.5% de niñas y niños de entre nueve y 11 años, y 36% de adolescentes entre 12 y 17 años, sus derechos se respetan poco o nada.
Con información de PROCESO.