CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo se cumplen 25 días de que Miguel Ángel Peralta Betanzos, preso político de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, inició una huelga de hambre con el objetivo de que se haga justicia luego que fue sentenciado a 50 años de prisión y la reparación del daño por 154 mil pesos.
Según su defensor legal, Roberto López Miguel, integrante del colectivo Los Otros Abogadoz, Peralta Betanzos no cometió el delito por el que lleva preso cuatro años con cinco meses: homicidio calificado y tentativa de homicidio.
En una carta enviada a proceso.com.mx, Miguel Ángel, quien espera una nueva sentencia, denunció que el plazo para ese fallo ya fue rebasado el jueves 10 de octubre y que el juez del Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez se comprometió verbalmente a que resolvería y no cumplió.
El viernes 11 decidió romper con su otra huelga: la de silencio, que inició desde el 12 de septiembre anterior. No así la de hambre.
El huelguista fue detenido el 30 de abril de 2015 en la Ciudad de México. Desde entonces está recluido en el Penal de San Juan Bautista Cuicatlán.
El 26 de octubre de 2018 recibió una sentencia de 50 años, pero fue revocada tras la resolución de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al encontrar violaciones en su proceso jurídico y ordenar al juez encargado del Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez, realizar de nueva cuenta la audiencia final de Miguel Ángel, para que estuviera presente.
Originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Miguel Ángel es miembro de la Asamblea Comunitaria y defensor de la organización interna, el territorio y los derechos de los indígenas.
La audiencia final de su caso se habría programado para el 12 de septiembre, luego para el 19 del mismo mes, por lo que Peralta Betanzos decidió declararse en huelga de hambre a partir de ese entonces.
Día con día su salud se deteriora, pues solo ingiere líquidos como sueros, agua y miel.
En el Juzgado, el defensor comunitario reiteró ante el juez Modesto Isaías Santiago Martínez que tomarán en cuenta todas las pruebas en su defensa, los análisis jurídicos realizados por ONG’s y las nueve resoluciones jurídicas que han dado la libertad a otros procesados por la misma causa penal.
El abogado Roberto López Miguel dijo que, al haber agotado su proceso jurídico, Peralta Betanzos ejerce presión con su huelga para llevar una pronta, objetiva, expedita e imparcial sentencia, la cual, sostuvo, si es apegada a los criterios nacionales e internacionales, tendría que ser inminentemente de libertad.
Aseguró que las declaraciones y testimonios de los seis testigos de cargo, las únicas pruebas presentadas por la diputada Elisa Zepeda Lagunas, presidenta de la Comisión de Justicia del actual Congreso de Oaxaca y quién es la principal denunciante en el expediente 02/2015, han sido debidamente desvanecidas y controvertidas, ya que no cumplen con los requerimientos legales para otorgarles valor probatorio, se contradicen y no comprueban la participación de Peralta Betanzos en ninguno de los dos delitos que le imputan.
Peralta Betanzos es uno de los ocho presos políticos de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, municipio que se rige por el Sistema Normativo Interno, que ha sido criminalizado por defender su organización comunitaria, su territorio y estar en contra de grupos caciquiles y la intervención de partidos políticos en su comunidad, razón por la que se le fabricaron dos delitos y actualmente se encuentra preso.
La denunciante
La principal denunciante de Miguel Ángel Peralta Betanzos es la diputada Zepeda Lagunas, a quien le suspendieron sus derechos partidarios por seis meses por falta de honestidad.
Esta sentencia se dictó el 31 de mayo de 2019, de acuerdo con el Expediente CNHJ-OAX-829/18 que contiene la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, del cual proceso.com.mx tiene copia.
Zepeda Lagunas fue sancionada junto a Magaly Domínguez, Horacio Sosa Villavicencio, Timoteo Vázquez Ruiz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Elena Cuevas Hernández, Fredie Delfín Avendaño, Rocío Machuca Rojas, Emilio Joaquín García Aguilar, Karina Espino Carmona, Alejandro López Bravo, Laura estrada Mauro, Gloria Sánchez López, Mauro Cruz Sánchez, Migdalia Espinosa Manuel y Juana Aguilar Espinosa, todos diputados locales de Morena.
Esta decisión fue tomada porque estos diputados violaron los estatutos de Morena al reunirse con legisladores de otros partidos para imponer al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Estado de Oaxaca.
Los quejosos narraron que el 12 de noviembre de 2018 habían sido convocados por el diputado Ericiel Gómez Nucamendi para una reunión que se realizó en el restaurante de un hotel donde también estaban presentes el senador Salomón Jara Cruz, el exrepresentante de Morena ante el Consejo local del INE, Flavio Sosa Villavicencio, y los exdiputados José de Jesús Romero López y Paola Gutiérrez Galindo, así como el encargado de la estructura de Morena, Rey Morales.
Ellos, se indicó en la resolución como relatoría de hechos, habían persuadido a estos diputados para designar como coordinadora del grupo parlamentario a la diputada Laura Estrada Mauro, “sin importar las aspiraciones de los demás”.
En cita textual, señaló que la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, les dijo: “Háganle como gusten, de todas maneras, nosotros ya presentamos nuestra acta, designando a la coordinadora desde el día jueves 8 de noviembre”, es decir, previo a la reunión con el dirigente nacional de Morena.
Al día siguiente, 13 de noviembre, acusaron a la diputada Laura Estrada Mauro, de manera unilateral “y de forma intransigente”, se reunió en privado con el diputado priista Alejandro Avilés Álvarez, “con motivo de la presunta discusión de acuerdos para integrar la Mesa Directiva del pleno del Congreso”.
Se dedicaron a investigar y descubrieron que Estrada Mauro solo fue testigo de que la diputada Paola Gutiérrez Galindo realizaba acuerdos, a nombre del grupo parlamentario, con Avilés Álvarez y permitió las presiones y manipulaciones de un grupo de Morena, encabezado por el senador Salomón Jara Cruz.
El 14 de noviembre, 25 diputados locales firmaron un acta de constitución del grupo parlamentario de Morena, donde se establecía que la elección del coordinador debería ser consensuada y que existiría un vicecoordinador.
“En ese día nos enteramos con sorpresa, nos enteramos que la Mesa Directiva convoca, de manera ilegal, a una sesión ordinaria para la declaratoria de la constitución de los grupos parlamentarios dentro del Congreso del Estado de Oaxaca y en la sesión nos enteramos que, incumpliendo con los acuerdos y haciendo uso de documentos falsos donde no constan las firmas de los nueve suscribientes, constituían los diputados afines al senador Salomón Jara Cruz, un grupo parlamentario de Morena (…) y eligieron de forma ilegal, como coordinadora, a Laura Estrada Mauro”, indicaron.
La queja la presentaron el 21 de noviembre de 2018, justo el día de la segunda sesión ordinaria del congreso local, donde se mencionó que Estrada Mauro era la coordinadora y su nombramiento contaba con la rúbrica del diputado y delegado nacional de Morena, Ericiel Gómez Nucamendi.
Los seis meses de suspensión de sus derechos partidarios se cumplen en diciembre. Mientras tanto, Zepeda Lagunas ha sido el principal obstáculo para que el preso político Miguel Ángel Peralta Betanzos salga libre de prisión, por un delito que no cometió y que ella ha sido la principal acusadora, afirmó su defensor legal, Roberto López Miguel.