Agencias
Autoridades de Estados Unidos entregaron a México al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El exmandatario estatal fue entregado este miércoles en la frontera San Diego-Tijuana, y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para llevarle a cabo exámenes médicos.
Tras cumplir con la supervisión médica, fue trasladado aproximadamente al mediodía a la Ciudad de México por vía aérea.
Yarrington fue detenido en el 2017 en Italia y extraditado a los EE.UU. un año después.
En 2021, el exgobernador se declaró en Estados Unidos culpable de aceptar sobornos millonarios de grupos criminales para facilitar sus operaciones mientras ocupaba cargos públicos.
Fue condenado en EE.UU. a nueve años de cárcel por el delito de lavado de dinero, por un monto de poco más de 12 millones de pesos por la compra de inmuebles, tráfico internacional de drogas, fraude bancario y evasión de impuestos.
Para 2024, logró una liberación anticipada por motivos que no se han dado a conocer de forma pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó aprehensión en contra de Yarrington también en 2024 por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.
Sin embargo, la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, regresó la solicitud a la FGR para subsanar “diversas deficiencias existentes” en la indagatoria.
Se va al Altiplano
Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras ser deportado este miércoles por el gobierno de los Estados Unidos.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, trasladaron vía terrestre al tamaulipeco, y se prevé que este jueves comparezca ante el juez que lo requiere, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez.
La Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentó dos órdenes de aprehensión por presunta responsabilidad en los delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
