Agencias
Tlaxcala.- Por secuestrar a cuatro integrantes de una familia, en el municipio de Tlaxco, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), detuvo a cuatro militares en activo, adscritos a la Sedena, quienes pedían un rescate de dos millones de pesos, de los cuales cobraron sólo 50 mil pesos.
Las víctimas fueron rescatadas después de un operativo que desplegaron agentes de investigación de la PGJE. En un mensaje oficial, la procuradora, Ernestina Carro, informó que, el pasado tres de diciembre, aproximadamente a las 21:30 horas, el Servicio de Emergencia 911 recibió un reporte sobre el secuestro de una familia, por cuatro hombres, quienes se llevaron a las víctimas a bordo de la camioneta en la que viajaban, marca Volkswagen, modelo Tiguan, color blanco.
Tras recibir notificación del ilícito, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro (FECS), en coordinación con las unidades de delitos de alto impacto, inició un operativo para rescatar a la familia.
Pedían 2 mdp de rescate; solo pudieron cobrar 50 mil
Se trataba de una mujer y sus dos hijos, de 11 y cuatro años, además de un tío, por quienes los plagiarios pedían dos millones de pesos a cambio de dejarlos en libertad.
Según la versión de Carro, a las 02:00 horas del siguiente día, liberaron a tres de las cuatro víctimas; el tío, la mamá y a su hija, quienes fueron localizados dentro de una zanja sobre la carretera Tlaxco-Apan.
El niño fue abandonado sobre un puente, después de un proceso de negociación que coordinó el personal de la PGJE, a través del que los plagiarios cobraron 50 mil pesos que fueron entregados en efectivo sobre la carretera Tlaxco-Apan, a la altura de la comunidad de Lagunilla.
La funcionaria comentó que los elementos de la Policía de Investigación iniciaron una persecución hasta que lograron la detención de los responsables; quienes exhibieron credenciales de la Sedena.
Según un comunicado de prensa de la PGJE, los detenidos son militares en activo adscritos a la Sedena; todos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación por el delito de secuestro y realizó la judicialización.
Luego, fueron trasladados a un Centro de Reinserción Social (Cereso) para formular la imputación, donde un juez de Control determinará su situación jurídica.
