Hermosillo, Sonora.- A 16 años de la tragedia infantil más grave en la historia reciente de México, los padres y madres de los 49 menores que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC volvieron a salir a las calles de Hermosillo para exigir justicia. Acompañados por sobrevivientes, familiares y ciudadanos solidarios, alrededor de tres mil personas marcharon este miércoles desde las ruinas del inmueble ubicado en la colonia Y Griega hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, en pleno centro de la ciudad.
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, conformado por las familias de las víctimas, emitió un enérgico llamado a los ministros recién electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su exigencia: que se cumplan las sentencias ya dictadas, que se encarcele a los responsables materiales y administrativos, y que se reparen los daños a las víctimas.
“La justicia en este país se mide en impunidad”, expresó Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, uno de los niños fallecidos. En nombre del colectivo, Duarte leyó un manifiesto en el que denunció que, pese a las condenas emitidas por tribunales, muchos de los implicados continúan en libertad. “El Estado mexicano ha demostrado que no dará justicia a nuestros hijos. Seguimos esperando que se cumplan las penas mientras los sentenciados siguen libres”, sostuvo.
“Esto es un llamado a la Corte de Justicia de la Nación para que dejen de estar protegiendo a estas personas, y que de una vez por todas se ejecuten las sentencias que ya están firmes, no vamos a permitir que sigan postergando el ingreso de los ya sentenciados a los penales, porque lo vamos a estar denunciado”, agregó Duarte Franco, mamá ABC.
La tragedia ocurrió la tarde del 5 de junio de 2009, cuando un incendio iniciado en una bodega de la Secretaría de Hacienda se propagó hacia la guardería, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las condiciones del inmueble facilitaron la propagación del humo tóxico, que ingresó por boquetes y orificios en los muros compartidos. Las fallas en el diseño del edificio dificultaron la evacuación y provocaron la muerte de 49 niños, además de dejar a decenas más con secuelas físicas y emocionales.
Una de esas sobrevivientes es Danna Paola Villareal Montaño, quien con 18 años de edad ha enfrentado más de 35 cirugías como parte de su tratamiento por quemaduras. “La última fue difícil, pero quería salir del hospital para pasar mi cumpleaños con mi familia. Me costó, pero logré hacerlo”, contó en entrevista para La Jornada. A pesar de sus secuelas, Danna Paola se ha propuesto estudiar Derecho y participar en la defensa de los derechos humanos. “Sé que México necesita defensores. Y este caso es el reflejo de lo que puede venir si no se hace justicia”, afirmó.
En la protesta también se recordó cómo, tras 16 años de proceso judicial, varios de los responsables han sido exonerados o beneficiados con reducciones de pena. Entre ellos figura Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, dueña de la guardería y prima de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Asimismo, exfuncionarios y encargados de la supervisión de la estancia infantil como Jesús Davis Osuna, Ignacio Alduenda Salazar y Manuel Gaxiola Santacruz, han sido liberados.
Los padres de víctimas como Andrés Alonso y Fátima Sofía, Francisco García y Julia Escalante, respectivamente, denunciaron que el caso permanece estancado, con recursos legales que dilatan la ejecución de las sentencias. Por ello, el movimiento emplazó al nuevo Poder Judicial, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, a tomar una postura firme.
“Le hacemos un llamado a esa nueva Corte que dicen que va a ser del pueblo. Pues queremos que con hechos demuestren que están con el pueblo. De ellos depende que esto avance”, insistió Duarte Franco. “No vamos a permitir que sigan postergando el ingreso de los ya sentenciados a los penales, porque lo vamos a estar denunciando”.
En Hermosillo, cada 5 de junio se detiene el pulso cotidiano para recordar lo ocurrido en 2009, cuando el termómetro rebasaba los 45 grados y las personas 17 ambulancias públicas y privadas no fueron suficientes para atender la emergencia. Vecinos, médicos, policías y padres improvisaron traslados de menores heridos en patrullas y vehículos particulares. La desesperación fue colectiva. El luto, también y continúa.
La marcha de este año no solo fue un acto de memoria. Fue, sobre todo, una exigencia de justicia que no ha llegado. Y una advertencia a las nuevas autoridades judiciales: que el caso de la Guardería ABC no quedará en el olvido.
Con información de La Jornada
