Ante los hechos de violencia ocurridos entre el 17 y el 19 de enero del presente año, que dejaron como saldo varias personas lesionadas, este Organismo Nacional solicita al gobernador de la entidad, al secretario General de Gobierno, al fiscal General, al secretario de Seguridad Pública y al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca cumplir con la vigencia del Estado de Derecho, además de privilegiar el diálogo y la concertación que ayuden a restablecer la seguridad y la paz social.
Si bien es cierto que, a principios de enero, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional resguardaron el regreso de familias desplazadas en esa región, días después se retiraron, hecho que provocó que la población quedara en estado de indefensión.
Al respecto, la CNDH recuerda a dichas autoridades que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la responsabilidad de los gobiernos para proteger los derechos de quienes integran las comunidades indígenas, aunado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que la Policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la seguridad de la población.
“Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigimos un alto a la violencia contra las comunidades indígenas. ¡Defendemos Al Pueblo!”, concluyó el comunicado del organismo.