Fracasa Alerta por Violencia de Género en Oaxaca

A un año de que la Secretaría de Gobernación decretó la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en 40 municipios de Oaxaca, el Estado falló porque las instituciones del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa han actuado bajo la premisa de la simulación, la complicidad y la omisión, dando paso a la impunidad que rompe el tejido y la estabilidad social.

“Sin duda alguna podemos afirmar que Oaxaca, a tres años del gobierno de Alejandro Murat, no cuenta con una política pública en materia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y eso deja en evidencia su falta de voluntad política”, puntualizaron diversos grupos y colectivos de mujeres en la entidad.

 “La alerta de Género en Oaxaca se ha resquebrajado por la simulación y complicidad por parte del Ejecutivo (estatal) y quedó reducida a acciones de escritorio, fotos y eventos que no han tenido impacto”, subrayaron.
 
De igual manera, denunciaron que los gobiernos federal, estatal y de los 40 municipios con AVG, no cumplieron con su responsabilidad, y esta falta de cumplimiento la han pagado con sus vidas 127 mujeres y niñas oaxaqueñas, a quienes les cegaron sus proyectos de vida, les negaron los derechos fundamentales a la libertad, la seguridad y la integridad física, dando como consecuencia la violencia más grave que se puede enfrentar: el feminicidio.
 
En un pronunciamiento, este lunes expresaron su solidaridad con las familias de las 127 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta, desde la declaración de la AVG en Oaxaca.
 
“Todas y cada una de ellas representan para nosotras un motivo para estar aquí, para que sus voces silenciadas por la violencia machista, en complicidad con una violencia institucional, resuenen fuerte a través de las nuestras, exigiendo justicia”, puntualizaron.

En un acto de protesta frente a Santo Domingo, las mujeres denunciaron la “dilación, simulación e incumplimiento a las acciones de emergencia que fueron ordenar, para actuar estableciendo medidas de seguridad, de justicia y reparación del daño, y medidas de prevención urgentes. Es claro, no se cumplieron y dieron origen a un incremento de la violencia feminicida y el feminicidio en Oaxaca”.

Añadieron: “La gran cantidad de declaraciones y actos simulados del Estado nos dan la razón, (porque) a unos días de que se cumpla el año, en la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema para la Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género, apenas firmaron el convenio para acciones que se debieron echar a andar en los primero días de la emisión de la alerta, acto en el que estuvo presente un fiscal que niega la existencia de los feminicidios”.

Las manifestantes acusaron al fiscal Rubén Vasconcelos Méndez de maquillar sus cifras y al gobernador Alejandro Murat de pagar favores con sus improvisadas titulares de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, toda vez que no hay acciones frontales, no hay acciones efectivas, y ello ha costado la vida a las mujeres.

Grupos como GESMujer y Consorcio para el Diálogo Parlamentario informaron que, de acuerdo con su monitoreo, hasta el viernes 30 de agosto los datos son alarmantes: De las 125 niñas y mujeres que han sido asesinadas de manera violenta, 65 % han ocurrido en los municipios con AVG y 35 % en municipios sin alerta.

Del total de los 125 casos, 26% ocurrieron en el Istmo; 18% en la Costa; 16% en el Papaloapan, al igual que en Valles Centrales; 14% en la Mixteca; 6% en la Sierra Sur, y 2 % en la Sierra Norte y la Cañada.

Dentro de las principales formas de asesinato, en 59% se utilizaron armas de fuego, 11% murieron por apuñalamiento, 7% por golpes y 4% por asfixia. En cuanto a sus edades, los porcentajes más relevantes indican que 28% tenían entre 16 y 29 años; 24%, entre 30 y 44 años, y 4% eran menores de 15 años.

“La realidad que vivimos en Oaxaca dista mucho de lo que las autoridades plantean y señalan haber hecho”.

Y es que un año después, recalcaron, “siguen anunciando con bombo y plantillo, en sendos actos públicos de lucimiento personal del funcionariado público, los programas de acción que habrán de emprender cuando, a un año de distancia, lo que debieran presentar son resultados de las acciones realizadas para brindar seguridad, justicia y para prevenir la violencia patriarcal en todas sus expresiones y tipos, así como las destituciones y sanciones penales a quienes como funcionarias y funcionarios tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia y que a lo largo de este año se han vuelto cómplices de los feminicidios en Oaxaca”.

Finalmente, exigieron ante los tres niveles de gobierno y los poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que –entre otras cosas—“el gobernador haga público el presupuesto destinado a cada instancia para la implementación de la Alerta de Violencia de Género y los indicadores de efectividad de cada una con dicho presupuesto y que inicie un proceso de destitución de las y los funcionarios que no están a la altura de la gravedad de la violencia feminicida en Oaxaca, para que personas sensibles y con perfil ocupen dichos cargos”.

Información de APRO

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