Staff Ruta 135
La diputada Lizbeth Concha Ojeda presentó una iniciativa de reforma que tiene como eje garantizar el derecho y acceso a los programas sociales de todos los oaxaqueños.
Destacó que Oaxaca es un estado de contrastes con una riqueza cultural y biodiversidad inigualables, pero también profundas desigualdades que afectan a miles de familias.
Ante ello, dijo, la pobreza sigue siendo un reto estructural, y aunque se han implementado diversas estrategias a lo largo de los años, los resultados han sido insuficientes para garantizar a cada persona una vida digna.
Consciente de esta realidad, la diputada Lizbeth Concha Ojeda presentó la iniciativa de reforma constitucional que busca dar un paso firme hacia un Oaxaca más justo y equitativo.
Esta propuesta tiene como eje la constitucionalización de los programas sociales y el reconocimiento del Estado de Bienestar, asegurando que las políticas públicas no dependan de intereses políticos o cambios de gobierno, sino que sean un derecho garantizado para toda la ciudadanía.
La legisladora local, al exponer su iniciativa destacó como aspectos más importantes:
- El Estado de Bienestar: Se establece en la Constitución que toda persona en Oaxaca tiene derecho al bienestar, entendido como el acceso a condiciones mínimas de vida digna, con la garantía de que los gobiernos implementen programas para alcanzarlo.
- El concepto de “mínimo vital”: Se reconoce que cada persona debe contar con lo necesario para subsistir con dignidad, incluyendo alimentación, vivienda y vestido, y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo.
- Blindaje de los programas sociales: Se eleva a nivel constitucional la existencia de programas sociales implementados por el Gobierno Estatal.
- Reglas claras y transparencia para garantizar su eficacia y evitar la corrupción: Se establece la obligación de contar con lineamientos específicos para cada programa, asegurando su correcta implementación, transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, Liz Concha destacó que esta iniciativa es importante porque en Oaxaca, más del 60% de la población vive en pobreza y muchos de los programas sociales han dependido de decisiones políticas, sin garantías de continuidad o eficacia.
Con esta iniciativa, se busca que el acceso a estos apoyos no sea un favor ni una promesa de campaña, sino un derecho constitucional que ninguna administración pueda ignorar o eliminar arbitrariamente.
“Con esta reforma, avanzamos hacia un modelo de gobierno que prioriza la dignidad y la justicia social. Oaxaca merece una transformación profunda, blindar los programas sociales en la Constitución es garantizar el futuro de las familias que más lo necesitan”, señaló.
